Un artículo de Adrián Gallero Moreiras el 14 de septiembre 2020 en el Salto.
El pujante mercado de formación privada del profesorado, el negocio de los libros de texto o de suministro de equipos informáticos, los conciertos educativos y la educación financiera son algunas de las grietas que encuentran grandes bancos y multinacionales para que la educación contribuya a diseminar una visión sobre el sistema de libre empresa acorde a sus intereses.
En los últimos 18 años, el Banco Santander ha invertido cerca de 2.000 millones de euros en el ámbito educativo. Aunque la cifra está lejos del presupuesto anual del Gobierno español y de la inversión de la institución bancaria en otras operaciones, como el negocio armamentístico —3.000 millones de euros solo en los últimos cinco ejercicios—, la presencia de grandes empresas en la educación aumenta progresivamente en lo que se conoce como movimiento global de reforma educativa. Un proceso que, encabezado por la banca privada, lleva a que grandes conglomerados empresariales multinacionales participen activamente en la elaboración de políticas públicas educativas.
¿Los resultados? Desde recortes en los presupuestos educativos —a cuyas consecuencias asistimos estos meses—, hasta la introducción de modelos de gestión del ámbito empresarial dentro de las escuelas. El filantrocapitalismo avanza así para lograr que la educación contribuya a diseminar en la sociedad una visión sobre el sistema de libre empresa que le favorezca.
Desde la primera piedra hasta el último tema
Más allá del interés que suscita el sistema educativo como vehículo para reforzar una ideología neoliberal entre la ciudadanía desde las etapas más tempranas, también existe un interés en términos puramente económicos: el valor económico de los sistemas educativos públicos del mundo se estima en torno a los tres trillones de dólares. Así pues, el ámbito empresarial inició rápidamente la acción política para desembarcar en el sector educativo, desde los ladrillos de su construcción hasta los temarios de sus currículos.
A partir del año 2000, la mayoría de los sistemas educativos se reforman mediante dos procesos paralelos: la privatización y el establecimiento de las pruebas PISA
A partir del año 2000, la mayoría de los sistemas educativos se reforman mediante dos procesos paralelos: la privatización y el establecimiento de las pruebas PISA, que a su vez se han ejecutado a través de dos grandes procesos denominados privatización endógena (encubierta) y privatización exógena. Esta última no es otra cosa que planificar el deterioro del sistema público.
Un abandono que, en España, se tradujo en el recorte del presupuesto educativo del conjunto de las administraciones pública en un 18% entre 2005 y 2018, lo que supone 8.200 millones de euros. En 2020, el gasto público en educación como porcentaje del PIB se sitúa en el 4,2%, mientras que el promedio europeo se sitúa por encima del 5%. Esto ha implicado, entre otras cosas, 30.000 docentes menos, el desmantelamiento de las escuelas rurales, menos becas y salarios más reducidos. En contraposición, la educación privada se encuentra, tanto en términos relativos como absolutos, en máximos históricos de gasto público recibido.
Este contexto va allanando el camino para la entrada de grandes corporaciones, que se entrelazan en la administración en lo que supone un proceso de privatización endógena, que consiste en trasladar al sistema público educativo los modelos de gestión del ámbito empresarial: equipos directivos como gestores; familias como clientes de los centros educativos; pruebas de evaluación, estandarización y clasificación entre centros, etcétera.
Vinculado a ello, en el año 2000 se introdujeron las pruebas PISA, con las que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sustituyó a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en su función de servir como referencia a la hora de reflexionar, estudiar y proponer reformas en el ámbito educativo. Además de la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han jugado un papel clave a nivel ideológico como impulsores de la privatización por su capacidad para generar un lenguaje y discurso comunes que son muy bien divulgados por parte de grupos que buscan la forma de adecuar las políticas educativas a sus intereses.
“El peso que han ganado estas instituciones presiona mucho a los gobiernos para elaborar determinadas políticas públicas educativas”, inicia Rocío Anguita, miembro del Foro de Sevilla e Investigadora Profesora del Departamento de Pedagogía en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. “Que entidades como la Unesco hayan perdido su peso tiene que ver con la geopolítica mundial y con el proceso de privatización global de los servicios públicos”, sostiene la experta, que defiende también que la educación pasa a considerarse “un espacio de mercado como otro cualquiera”. “Esto nos lleva a una escuela orientada a producir trabajadores para el mercado, lo cual no es la finalidad que históricamente se ha consensuado para la misma”, afirma Anguita.
La nueva política la hace el filantrocapitalismo
La filantropía tradicional también evoluciona, y lo hace convirtiéndose en lo que hoy se denomina nueva filantropía o filantrocapitalismo, que pasa de ofrecer donaciones caritativas a hacer inversiones que, a su vez, permiten desgravaciones. Fundaciones, empresarios individuales o grandes operaciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se entrelazan con la administración pública y se lanzan al diseño de políticas educativas y a la financiación de acciones a través de las cuales van dirigiendo la educación. El creciente mercado privado de formación de profesorado, el mercado cautivo de los libros de texto, los contratos de suministro de equipos informáticos, los convenios y conciertos educativos o la educación financiera son algunas de las grietas que encuentran en esta tarea organizaciones como el Banco Santander, La Caixa, BBVA, Microsoft, Google, Telefónica o Deloitte.
El Banco Santander, a través de Santander Universidades y Universia, es la empresa a nivel mundial que más dona en RSC en el ámbito educativo. Para hacerse una idea acerca de su impacto, solo durante 2017 concedió 44.800 becas a estudiantes, profesorado y emprendedores universitarios y firmó más de 1.200 convenios de colaboración entre el banco y universidades e instituciones académicas de 21 países.
Una de las formas a través de las que el filantrocapitalismo logra mayor penetración es la de la formación a profesorado, programas puestos en marcha por estas organizaciones y que les permiten llegar directamente a las personas encargadas de transmitir el conocimiento. Por ejemplo, el Programa Entre Profes —un entorno formativo online dirigido a docentes que trabajan en entornos complejos— de la Fundación Telefónica; o la estrategia puesta en marcha por la Fundación Empieza por Educar (ExE) —presidida por Ana Patricia Botín y en la que se encuentran organizaciones como Deloitte, Coca-Cola, Goldman Sachs, BBVA, OHS, Fundación Telefónica, Barclays o la Fundación Prosegur, que también funciona a nivel mundial y se dedica a formar de manera intensiva durante cinco semanas a profesorado al que, posteriormente, financiando sus puestos de trabajo, ubica en colegios situados en contextos denominados “vulnerables” durante dos años— hicieron el intento de entrar en escuelas públicas, pero hasta el momento se han limitado a centros privados.
Otra de las vías de entrada es la educación financiera. “Mejorar la cultura financiera general debe ser un objetivo prioritario, de manera que los ciudadanos puedan adoptar las mejores decisiones de gasto, ahorro e inversión en su vida cotidiana”, defendía Luis de Guindos en abril de 2017 cuando anunció el Plan de Educación Financiera acordado entre el Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España para “mejorar las habilidades y conocimientos del alumnado” con los que desenvolverse con soltura en la esfera financiera. “Los jóvenes pueden empezar a defenderse cuando son jóvenes; hay que estimular el ahorro privado y la formación de fondos de pensiones que ayuden a hacer frente al sistema de pensiones públicas”, decía Luis María Linde, director del Banco de España. Las diferentes iniciativas de educación financiera puestas en marcha por los bancos superaron, de 2001 a 2018, los 32 millones de usuarios web y las nueve millones de horas de formación, y llegaron a 9, 1 millones de personas beneficiarias, según la Asociación Española de Banca.
Finanzas sin futuro
“Vivimos en un sistema capitalista pero la escuela no lo explica o lo hace de forma muy sesgada”, afirma Luis González Reyes, responsable de ecosocialización de los tres centros escolares de FUHEM, una fundación sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental. “Es necesario introducir una explicación sobre el funcionamiento básico del sistema económico no solo en las asignaturas de economía, sino en todas”, defiende. Es lo que hacen en FUHEM, explica, introduciendo paradigmas de economías transformadoras en el currículum educativo y capacitando al alumnado a través de la puesta en marcha de iniciativas económicas de economía social y solidaria en sus centros educativos.
Una de las organizaciones bancarias que participa en el Plan de Educación Financiera es CaixaBank, a través de la Fundación La Caixa y EduCaixa, una plataforma que incorpora recursos a través de los que se explican conceptos básicos de economía y finanzas. En 2019, el Plan de Cultura Financiera de CaixaBank superó los 12 millones de visualizaciones de contenidos online y los 10.700 asistentes a actividades formativas presenciales.
“La asignatura de economía ha vivido un boom en la secundaria en los últimos años”, comenta Ernesto Simón, profesor de Economía en el IES La Atalaya de Conil de la Frontera (Cádiz), instituto donde se inscribió a un concurso de EduCaixa. “No deja de ser sospechoso que haya aumentado tantas horas lectivas en detrimento de otras asignaturas de humanidades, y este boom ha hecho que las empresas bancarias vean un filón en este ámbito”, añade el docente. También explica que, cada año, bancos privados, asociaciones de consumidores de banca y seguros, entre otros, envían dosieres a los centros educativos “con todo tipo de materiales y recursos bastante resultones ya preparados” para facilitar la docencia del profesorado e “ir enganchándole”.
Simón cuenta que decidió continuar la labor del anterior docente, que se había inscrito a un concurso de emprendimiento de EduCaixa. “También estaba el gancho de un viaje a Barcelona para los mejores equipos, lo cual es un reclamo enorme; son iniciativas que tienen un músculo económico con un potencial enorme para encandilar al alumnado, y hay casos en los que ofrecen tablets y hasta impresoras 3D, que a veces suscitan mucho interés para los propios centros educativos”.
El alumnado de Simón consiguió el viaje a Barcelona. “Durante un fin de semana frenético, el alumnado pule su idea a través de un montón de actividades de prototipado, venta y comercialización, marketing, etcétera —narra el docente—. Mis chicos no estaban preparados para un fin de semana tan competitivo”. Tanto fue así que recurrieron a un curso de mindfulness, recuerda el profesor, para gestionar su estrés y ansiedad: “Interesaba que fueran una especie de robots”, ilustra Simón. Para él, probablemente tendría que ver el contexto de sus estudiantes: “Ellos provienen de un entorno rural, y allí había colegios de grandes urbes, con la lección muy aprendida y seguramente con muchos más referentes de este tipo, aparte de alumnado de colegios privados que a veces tienen actividades extraescolares sobre inversión y finanzas”.
Gloria Millán ha participado este último curso con su alumnado de 4º de la ESO de un instituto de Puente de Vallecas, en Madrid, en el programa Finanzas para Jóvenes de La Caixa. “Hay una edad en la que los chavales deben ir sabiendo sobre estos temas, ya que se van a encontrar el mercado laboral y luego pasa lo que pasa: contratos baratos, hipotecas basura, etcétera”, expone. En ese marco, le recomendaron el programa de La Caixa: “Yo buscaba algo más de finanzas éticas, responsabilidad social corporativa o consumo sostenible, pero quise probar”. Ofrecían un total de cuatro cursos. “Elegí dos: endeudarse con sensatez e inversión responsable. Qué es un préstamo, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, títulos de renta fija, variable, fondos de inversión, una acción…”, enumera Millán. “Para un chaval de 15 años me parecen temas bastante lejanos. Eran charlas de 50 minutos muy técnicas y no demasiado interactivas, no había construcción de conocimiento conjunta”, expone la docente.
La economía impartida en el sistema educativo presenta con apariencia neutral al sistema capitalista como único modelo posible, y a la economía neoliberal como único paradigma económico realista. Cualquier intento de salirse de ahí se convierte en una batalla contra las grandes editoriales. Lo que siempre se ha conocido como currículum oculto se transforma cada vez más en un currículum más explícitamente neoliberal.
Desde hace años, en FUHEM elaboran sus propios materiales educativos de tal forma que permitan abordar una educación ecosocial. ”Los materiales didácticos que elaboramos sirven para que el alumnado trabaje, pero también para que el profesorado se forme durante el proceso de elaboración de los mismos”, sostiene González, convencido de que el último material didáctico elaborado en torno a la idea de Gaia ha servido para que el profesorado descubra las implicaciones de aplicar una cosmovisión ecológica al proceso de enseñanza. “La vocación de estos materiales es universalista: están concebidos como un banco de recursos que el profesorado utiliza y modifica bajo su criterio, y están abiertos al resto de la comunidad educativa”, añade.
ACS, Clece, Eulen, Microsoft, Google o Amazon son algunas de las grandes empresas con mayor implantación en la gestión de servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento de ascensores, o de gestión de escuelas infantiles y de infraestructuras digitales
La progresiva externalización de los servicios de limpieza o de actividades extraescolares, la provisión de servicios vinculados a la ejecución del currículum educativo o los contratos de suministro de equipos informáticos —habitualmente bajo condiciones laborales precarias y sin criterios de contratación pública responsable— también son cuestiones patentes. ACS, Clece, Eulen, Microsoft, Google o Amazon son algunas de las grandes empresas con mayor implantación en la gestión de servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento de ascensores, o de gestión de escuelas infantiles y de infraestructuras digitales, cuestión remarcable con la previsible digitalización de la enseñanza.
Un nuevo significado para la economía
El conflicto entre economía y vida atraviesa las sociedades. En sociedades de mercado, la economía juega un rol preponderante en el conjunto de decisiones que se toman, por lo que parece evidente que se necesita resignificar el concepto de economía para que contribuya a nuevas transiciones ecosociales. La nueva LOMLOE podría presentar una oportunidad en este sentido, pero Anguita recuerda que el texto “bebe de una reforma de ley ya elaborada por el PSOE durante sus meses de gobierno en solitario en 2019, no de la participación ni de la interlocución con los agentes sociales y educativos”, por lo que no responde, sostiene, “a las aspiraciones de los agentes que durante los últimos años nos hemos agrupado en torno a la reforma de la LOMCE”. En relación a la introducción de contenidos ecosociales, González valora que “todo apunta a que los temas de sostenibilidad van a tener un papel relevante, lo cual debe ser valorado positivamente”, pero matiza que la nueva ley también “peca de falta de ambición porque su enfoque sigue muy enmarcado en un paradigma de crecimiento económico continuo y permanente”.
Sin embargo, revertir el proceso de entrada de las grandes empresas en el sistema educativo, advierte Anguita, no será sencillo y requiere un cambio cultural de fondo: “Es muy difícil mover los contenidos curriculares, y probablemente la única forma sea a través de un movimiento de la sociedad que exija el blindaje de los servicios públicos esenciales y de su financiación, que es lo que hace disminuir las posibilidades de su mercantilización”, concluye la profesora.
